El Zócalo, en Ciudad de México, congregó este domingo a miles de personas, algunas fuentes apuntan que fueron 100,000 (los organizadores 500,000), que protestaron por la reforma electoral realizada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). No fue la única ciudad ni el único estado que se echó a la calle. Lo hicieron 30,000 personas en Nuevo León, cifra idéntica en Jalisco, 10,000 en Querétaro, 5 mil en Michoacán y tres mil en Puebla. Las reuniones llenas de indignación coreaban eslóganes como “¡mi voto no se plagia!, ¡mi voto no se toca!” o “¡a eso viña, a defender al INE! » Haciendo referencia al Instituto Nacional Electoral. Gran parte de la población mexicana, y la oposición en masa, está en contra de la denominación electoral ‘Plan B’ del presidente mexicano y defiende al Instituto Nacional Electoral (INE), que se encarga de un papel fundamental, además de muchos otros, como máximo responsable de asegurar los votos libres e independientes en mesoamericano solo cada vez que se celebran elecciones.
Considerado uno de los pocos organismos independientes de México, el presidente ha llevado a cabo una ardua batalla por erradicarlo, pero ante la imposibilidad de esta opción, ha decidido transformarlo para llevar a su terreno y cambiar a los miembros del mismo para poner a sus multas como representantes del INE.
Plan B
El conocido como el Plan B de AMLO sigue su cauce legislativo, aprobado en el Senado de México con 72 votos a favor y 50 en contra, ha pasado a la Cámara de Diputados que deberá ratificar el dictamen para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y consiga su entrada en vigor. El presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha anunciado que la implementación de este plan B será recurrida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en varios puntos de la polémica ley, por lo que podrá ser impugnado como inconstitucional.
El presidente López Obrador afirma no modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos. Busca también cambios para garantizar el voto a poblaciones vulnerables, a los que, por ejemplo, intenten aglutinar criticando a un ‘misterioso’ enemigo común (nuestro país) o regularizando cuotas de paridad de género para, por ejemplo, formar el INE con todas las mujeres , pero tras lo que se esconde una renovación en su beneficio. Además, garantizar el voto a personas en prisión preventiva y con discapacidad en estado de postración.
Propuesta de reforma eliminar la especialización personal en materia electoral y la remoción adelantada del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, así como la eliminación de la Junta General Ejecutiva, área que determinó el manejo de recursos.
Segunda intención
La primera reforma del INE se pretendió el año pasado, pero la propuesta presidencial en la que redujo la cantidad de legisladores y cambió el financiamiento a los partidos políticos fue rechazada por no contar Morena (Movimiento de Regeneración Nacional, el partido de López Obrador) con las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Aquella proposición de ley terminó que se eligiera por votar a los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
AMLO ha elaborado un plan B que modifica la ley electoral y para el que sólo necesita una simple mayoría, es decir, la mitad más uno. Así, el mandatario mexicano se hace eco de la culpa a las “oligarquías” que, según su parecer, siguen manejando los hilos del poder en suelo mesoamericano y que le impiden seguir con su propuesta. Entre las modificaciones actuales se estrelló el Reducción del 85% del personal de servicios profesionales del INE, la desaparición de la mayoría de juntas distritales y vocalías, relevo inmediato del secretario ejecutivo y fortalecimiento del órgano de control interno del INE, dar resultados el mismo día de la jornada electoral, número de representantes de casillas en última hora y expedición de documentos para votar en el extranjero por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)