Es por el discurso que dio Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones del Congreso, donde plantó una supuesta «intromisión» de la Justicia en la ejecución presupuestaria.
Tras el controvertido discurso de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, Elisa Carrió, junto a los diputados y legislators porteños de la Coalición Cívica anunciaron que se mantendrán ante la Justicia par que se evalúen acciones realizadas por el Presidente en el marco de la Asamblea Legislativa, cuando atacó a la Corte Suprema de Justicia.
A los representantes de la oposición se les prestó atención a los fondos esgrimidos por el jefe de Estado para rechazar el fallo del máximo tribunal qu’ordenaba al Gobierno nacional a devolver a la ciudad de Buenos Aires un porcentaje de la coparticipación que le había sacado durante la pandemia por el coronavirus.
En el discurso de inauguración de las sesiones del Congreso, el Presidente acusó directamente a la Corte de asegurar a la Ciudad «recursos coparticipables que no le matchen, contrariando la ley de coparticipación vigente». También agregó que el tribunal «le quita dinero a los más necesitados y destin esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria».
«El comportamiento del Presidente podría ser parte de un conjunto de acciones planeadas y ejecutadas con la finalidad de impedir, entorpecer o trabar la ejecución de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, transmitido por la Coalición Cívica.
El escrito esta firmado por Carrió, el titular del partido Maximiliano Ferraro; las diputadas nacionales por CABA Mariana Zuvic, Paula Oliveto; los legisladores porteños del partido y su presidente en la Ciudad, Claudio Cingolani. Esta presentación fue suma a una anterior realizada por la CC en la que había denunciado al Presidente, al ex Jefe de Gabinete Juan Manzur, al ministro de Economía Sergio Massa, al gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y al Procurador del Tesoro de la Nación , Carlos Zanini, por la posible comisión de los delitos de desobediencia, alzamiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En este contexto, desde la Coalición señalaron que «el Presidente se dirigió al Máximo Tribunal con una serie de graves imputaciones, en un tono de voz aleccionador impropio de un acto institucional como el que se estaba llevando a cabo ; e incluso, en más de una oportunidad, llegó a señalar con su dedo, de manera desafiante a los dos magistrados del Tribunal Superior (Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) que concurrieron a la Asamblea y que fueron repetidamente tomados en primer plano por las cámaras a cargo de la transmisión oficial”.
Para Carrió y los directos de la CC, «este comportamiento del titular del Poder Ejecutivo podría ser parte de un conjunto de acciones planificadas y ejecutadas con la finalidad de impedir, obstaculizar o trabar la ejecución de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ejercicio legítimo de sus funciones sobre la que expidiera a finales del año pasado”.
“Es por este motivo que pondremos en conocimiento de la Justicia Penal estos nuevos hechos que podrían integrar una maniobra constitutiva graves delitos cometidos por funcionarios públicos, entre ellos el Presidente de la Nación; dirigida a desobedecer o impedir de manera delictiva legítimas decisiones tomadas por otro Poder del Estado. Es decir, la continuidad de un plan llevado a cabo por el Presidente de la Nación, y el resto de los funcionarios ya denunciados, para alzarse contre la Corte Suprema y así atacar contre la división de poderes, pilar fundamental sobre el cual se construye el sistema republicano de gobierno, esencia del orden constitucional”, completaron.
Alberto Fernández imputado a la Justicia por «intromisión» en la ejecución presupuestal
En su discurso de apertura de las sesiones en el Congreso, el Presidente hizo referencia al conflicto que mantiene la Nación con la Ciudad por la coparticipación. En septiembre de 2020, el Gobierno le quitó al distrito -primero por decreto y luego por ley- un punto de los fondos que perciben. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta fue a la Justicia y la Corte Suprema le dio la razón.
El Presidente sostuvo que esos recursos «no le corresponden» a la Ciudad. «Le quita dinero a los que más necesitan y destin esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país», afirmó.
«Los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de ese convenio. Deben recibirlos del Estado Nacional cuando este le transferer un servicio que hasta ese momento prestado. Esa decisión es parte de la administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser ser ser stituida por otro poder de la república», sostuvo.
«La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuesta es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce cuestiones políticas no judiciales y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un grave perjuicio al equilibrio» , sumó.