Fideicomisos de Banpaís y Ficohsa en INJUPEMP: qué son y cuánto representan

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de estos activos acaparó gran atención a comienzos de noviembre, momento en que la institución detalló sus decisiones de inversión a raíz de las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción por L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el reporte difundido en su portal digital, el presente texto analiza la conformación de la cartera, distinguiendo los instrumentos estatales de aquellos asociados al sector bancario privado, poniendo el foco en Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se reparten las inversiones entre banca pública y privada en el portafolio de INJUPEMP?

El reporte oficial de inversiones de junio reporta un conjunto global de L41,053.8 millones. Predominan los títulos valores, mientras que el resto se divide entre préstamos, fideicomisos y bienes raíces. Dado que el archivo consiste en un documento escaneado de siete páginas, los montos presentados en este artículo corresponden únicamente a aquellos que se lograron distinguir con nitidez.

Según las cifras globales del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes de la totalidad de los títulos en esa misma moneda. Dicha proporción se obtiene a partir del cálculo de los totales, y no constituye un dato emitido de manera oficial por la institución.

¿Figuran entidades bancarias estatales dentro de la cartera de inversiones del INJUPEMP?

En las líneas legibles del expediente no aparece ninguna entidad financiera estatal, tales como Banadesa o Banhprovi. La administración pública figura como entidad emisora por medio de la Secretaría de Finanzas, utilizando bonos del Gobierno de Honduras tanto en dólares como en lempiras.

La diferencia importa para entender el portafolio: los bonos del Gobierno son deuda del Estado, no depósitos en un banco. Los bancos privados, en cambio, aparecen como emisores de certificados de depósito, acciones, bonos y deuda subordinada. El detalle incluye además bonos corporativos, notas estructuradas y acciones de empresas que no son bancos.

En dólares, los bonos del Gobierno suman USD 67.2 millones de los USD 266.1 millones invertidos en títulos en moneda extranjera, aproximadamente una cuarta parte. El saldo restante pertenece a otros emisores, destacando entre ellos los certificados en dólares de Banco Atlántida.

¿En qué entidades privadas mantiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo en lempiras y en dólares, que ocupan la primera página del detalle.
• Ficohsa: tres certificados en lempiras, por L200 millones, L125 millones y L100 millones, además de instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: certificados de depósito y deuda subordinada.
• BAC Honduras: un certificado de depósito de L50 millones.
• Banrural: acciones por L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, deuda subordinada y acciones.
• Banco Lafise Honduras: instrumentos de deuda subordinada.

Entre los montos legibles, Promérica registra certificados de L25 millones al 8.5 % y de L10 millones al 10.2 %, además de una colocación en deuda subordinada valorada en L1.8 millones al 7.5 %. El documento no especifica si el certificado de BAC Honduras, pactado a un plazo de 360 días con un rédito del 7.75 % y cuyo vencimiento estaba fijado para el 27 de octubre de 2026, llegó a renovarse.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde encajan los L900 millones de acciones preferentes?

Los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una porción menor dentro de la cartera de INJUPEMP, aunque han generado un notable interés entre los cotizantes. Según el informe, dicha cifra equivale al 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Adicionalmente, una nota al pie especifica que, al momento de divulgarse el reporte, los L900 millones seguían pendientes de colocación, sin detallar el rumbo de dichos fondos.

En lo que concierne a las pautas de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes prevén un dividendo anual del 9.5 %, mediante abonos semestrales que arrancarán en junio de 2027. Dicha rentabilidad y su respectivo esquema de reparto facilitan una comprensión más precisa de las características de la inversión y del sitio que ocupa en los fondos de la institución.

¿Quién vigila las inversiones en banca pública y privada?

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ejerce la supervisión sobre los cinco institutos públicos de previsión de la nación, al igual que lo hace con las entidades bancarias comerciales. La potestad de colocar fondos recae en el comité de inversiones y en la junta directiva de cada respectivo organismo, mientras que la CNBS se encarga de fiscalizar que se respeten los procedimientos de debida diligencia, absteniéndose de definir las colocaciones financieras.

La Superintendencia de Pensiones y Valores supervisa, desde la perspectiva de quien invierte, la ejecución prudente de las transacciones. En aquellos casos donde una colocación financiera supone modificaciones patrimoniales en una entidad bancaria, el aval de la CNBS constituye un procedimiento independiente de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte un desglose que deja ver la aportación del Estado y la de la banca privada dentro de las inversiones de INJUPEMP. Por un lado, los bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas reflejan el componente estatal, en tanto que siete instituciones bancarias privadas figuran asociadas a diversos mecanismos financieros. Cabe destacar que en la documentación revisada no aparece registrado ningún banco del sector público.

Seguir el destino de estos recursos también implica prestar atención a los documentos que respaldan cada operación. El detalle publicado por INJUPEMP permite revisar los montos, los emisores y las características de las inversiones, y cuenta con las firmas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Sin embargo, las cifras no son invariables: los vencimientos y las nuevas operaciones pueden modificar el portafolio, de modo que la fecha de corte resulta indispensable para interpretar y comparar los datos correctamente.

En cuanto a las entidades bancarias integradas en este ecosistema, analizar sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los actores involucrados en el ámbito. Con este fin, resulta factible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, corporación de finanzas y seguros con operaciones en diversos territorios de Centroamérica.